Iris Velázquez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 25-Jan-2024 .-Activistas acusaron ayer al Gobierno federal y al estatal de Guerrero por omisión y desinterés en el caso de un grupo de niños armados por la Policía Comunitaria de la comunidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrara.

A pesar de las recomendaciones internacionales, advirtieron, las autoridades hacen caso omiso, por lo que grupos de autodefensas arman a menores de edad en busca de seguridad.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, afirmó que estas acciones son una constante en regiones azotadas por la violencia y el dominio del crimen organizado.

Reprochó que más allá de que autoridades busquen frenar estas violaciones a los derechos humanos de la infancia, deben reforzar su presencia en las comunidades.

"(Reunirnos con ellos) no bastó, no significó un apoyo del Gobierno federal y las autoridades estatales de Guerrero y recurrieron entonces a exhibir a varios niños, en aquel momento con armas de madera", indicó.

"Esto ha ido incrementando, de pasar de armas de madera en 2020, pasaron a armas de caza en 2021 y ya dispararon algunas armas reales".

El activista recordó que, tras la violencia registrada en 2019 y 2020, que culminó con el asesinato de 10 músicos en Chilapa por parte de grupos delincuenciales, la comunidad se armó y también incluyó a niños.

El miércoles pasado, pobladores de Ayahualtempa en la zona centro de la entidad presentaron a un grupo de 20 niños con armas largas, entre los que se encontraban 5 niñas que dijeron no tener miedo a disparar, ya que contaban con el respaldo de sus padres.

Martín Pérez señaló que las organizaciones han tenido diversas reuniones con autoridades federales y locales en las que piden que se garanticen derechos como a la educación a los niños, al afirmar que incluso el crimen les ha impedido asistir a sus escuelas.

"Hay que tener claro que la responsabilidad mayor y absoluta es del Gobierno federal, porque las denuncias de actos del crimen organizado son de competencia federal", acotó.

Expuso que tuvieron reuniones con la Secretaría de Gobernación, cuando Olga Sánchez Cordero estaba a cargo; con Alejandro Encinas, cuando era subsecretario, y dos audiencias temáticas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 2019 y 2020, en donde se expuso la problemática.

"Ninguno de los compromisos que se establecieron en ambas audiencias ante la Comisión Interamericana se cumplieron. Es por ello importante recordar que estas omisiones del Estado son las que colocan a niños y niñas en riesgo", acotó.

En el Legislativo federal aguardan cinco iniciativas de ley para tipificar el delito de reclutamiento forzado y las omisiones definitivas continúan su curso sin que esto se concrete, añadió.

Esta reforma de ley fue solicitada por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde hace más de 12 años, en marzo de 2011, sin que sea concretada en México.

Aunque no existen cifras oficiales, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) estimaron que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes estaban en riesgo de ser reclutados o utilizados por parte de grupos delictivos en México en 2020.

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